SOBRE ARTÍCULOS DE LA SECCIÓN OPINIÓN-26/08/11
Nada tengo contra los funcionarios, lo han ganado en oposiciones convocadas, en muchos casos se sabe que ha habido nepotismo pero eso es harina de otro costal, ocurre en todo, que si mi hijo, que si mi prima, que si mi cuñado.....
Lo que es intolerable es que tengamos 17 autonomías y 2 ciudades autónomas que inventó esa Constitución tan avanzada. Se repiten numerosos cargos, se dan administraciones en ciertos terrenos y en otros no, por ejemplo en la ciudad de Madrid, la policía, duramente castigada por un país antipolicial que solo les admira cuando se han jugado la vida por ellos y les censura por todo lo demás, me pregunto ¿Por qué, la Presidenta de la Comunidad, se tiene que callar y una tal Carrión, Delegada del Gobierno, por tanto del partido contrario en ese caso es la que juega al ajedrez con las fuerzas del orden?. Pues yo digo que cada autonomía controle todas competencias y no que unas si que otras no. Delegados de Gobierno ¿para qué?. Senado para que, consejeros de ministros a cientos ¿para qué?. Todo es esquilmar y disecar a esto que fue una nación.
Si eres vasco, catalán o gallego, tienes derecho a exigir al gobierno lo que se te antoje, si eres de comunidad de voto pepero, reservado el derecho de admisión y donación de bienes.
Pues yo no compato la reforma porque puestos a ser borregos, eso ya lo propuso Rajoy y fue denegado y ahora Diego I el 'desdecidor', hace propuesta como suya y encima se arrodilla ante el PP para que le eche un cable.
Yo lo que consentiría sería la 'eutanasia política'. Muerto el perro se acabó la rabia.
Con esto quiero contestar a otro ciudadano que está en su derecho de expresarse
- 1 Perry 26 Agosto 11 - 09:07
Sr. Jose Antonio, le rogaría que dejase de confundir a la gente y primero se aclare usted mismo antes de arremeter contra los funcionarios. En primer lugar las administraciones no están atiborradas de funcionarios pues somos minoría en cualquier administración y no me refiero sólo a los asesores y demás, es que la inmensa mayoría son contratados laborales fijos o indefinidos (y hay diferencia créame) sujetos a su Convenio y al Estatuto de los Trabajadores, igual que cualquier persona. Hable de empleados públicos si quieres pero no meta contratados con funcionarios en la misma frase so pena de demostrar su absoluto desconocimiento del entramado laboral de la Administración Pública en España ya que a un funcionario no se le contrata ni está sujeto al derecho laboral sino al administrativo. Se lo digo sin acritud, pero es que basta ya de vilipendiarnos, aunque no haya sido su intención de este artículo, pero utilizando los tópicos de siempre lo hace, igual que las empresas públicas, muchas de ellas tienen forma de sociedad anónima y al igual que en organismos como las televisiones que mencionan, en ninguna de ellas hay ni un solo funcionario que lo sepa, en ninguna, únicamente en organismos como correos que heredaron ese personal cuando se transformaron. Así pues le pediría que en próximas ocasiones hablase con más propiedad.
Porque si habla de la reducción de funcionarios de la manera que lo hace lo que está pidiendo es que dejen en la calle a gente que no tiene derecho a paro por ejemplo, y este régimen es constitucional ¿qué es lo que propone entonces? ¿la privatización de la empresa pública? De acuerdo con usted, pero como le he dicho, en ella son trabajadores laborales. Y piense una cosa, usted y el resto de lectores, sobre todo cuando hablan de echar a la calle a toda esa gente, rezumando odio en sus comentarios, ¿acaso creen qué el hecho de instalar a un par de millones de personas más en el paro, cobrando por estar en casa no íba a tener repercusiones ni supone gasto público alguno? ¿realmente creen que España puede pasar a tener 7 millones de parados y qué esto no tenga repercusiones, como si hablásemos de palomitas?
Y ahora para mayor comprensión, encabezo el artículo que han promovido estos comentarios:
SI A LA REFORMA
25 Agosto 11 - - José Antonio VERA
Zapatero llegó de listo al Gobierno y se dedicó desde el primer momento a ir tumbando, una por una, todas las decisiones adoptadas con anterioridad por los gobiernos de Aznar, desde la ley de Calidad en la Educación al Plan Hidrológico pasando por la contención del déficit y la limitación de la deuda en las administraciones públicas. Lo hizo con altanería y desdén, despreciando los anteriores ocho años de prosperidad de España y saltándose a la torera el talante del que presumía. Ya hemos visto que el resultado no ha podido ser más que desastre, pues la evolución del país ha ido de mal en peor desde que los socialistas entraron de nuevo en La Moncloa. Y no es sólo por la crisis internacional. La recesión global importa y mucho, por supuesto, pero otros gobiernos (Alemania y Holanda, por ejemplo) han conseguido sacar rentas a base de austeridad. Justo lo contrario que aquí. Zapatero cogió el país con dos millones de parados y lo deja con cinco, con una deuda pública del 1,7 por ciento, y la ha subido al 13,8, y con una prima de riesgo cero, que ha llegado a subir por encima de los 400 puntos. Tal ha sido el despropósito que el Gobierno del «gasto social» se ha convertido en el gobierno del paro, lo más antisocial que hay, y hemos tenido que rectificar una tras otra todas las decisiones alocadas tomadas con gran irresponsabilidad, entre ellas los 400 euros, el cheque bebé, el plan E de aceras y farolas, las subvenciones a cineastas y sindicatos, y la tendencia suicida a crear unas administraciones públicas inmensas, saturadas de empresas públicas y cargos, hinchadas de funcionarios. Todo eso no podía continuar y primero Bruselas nos dio un hachazo obligando a un giro radical en la política económica, y ahora a esta reforma urgente de la Constitución para plasmar en ella justamente lo que los gobiernos socialistas aniquilaron: el déficit equilibrado y el techo de deuda para las administraciones. Lo pidió Rajoy en reiteradas ocasiones, pero la respuesta del trío Zapatero-Salgado-Rubalcaba fue siempre la chanza y la ofensa hacia el jefe de la oposición. Ahora han tenido que recurrir a él para que apoye una reforma que nos vuelve a imponer Europa como consecuencia de la compra masiva de deuda española por parte del BCE. Es el precio a pagar. Algo razonable y necesario, sobre todo para meter en vereda a unas autonomías que transitan por la vía del despilfarro. No puede ser que el Gobierno catalán haya triplicado sus organismos públicos desde 2003. Ni que Mas tenga unos gastos de representación más altos que los de Zapatero. Ni que las televisiones autonómicas contraten a más funcionarios que las privadas.
ZP se va obligando por vía de urgencia a implantar el objetivo de déficit cero que el mismo liquidó. Es una reforma necesaria que hay que apoyar. PP y PSOE representan a más del 80 por ciento de los votantes y tienen legitimidad para hacerlo, aunque no estaría mal que contarán también con el apoyo de CiU. Pero conviene recordar, en cualquier caso, por qué se ha llegado a la actual situación.
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Carmen -